“Ley 1437 de 2011, en los artículos 308 y 309, consagró el régimen de transición y vigencia y las normas que derogó, respectivamente. La vigencia del nuevo Código se dispuso a partir del 2 de Julio de 2012 y se ordenó aplicarla a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos o actuaciones que se inicien con posterioridad a dicha fecha, pero también expresamente se señaló que los que tuvieran en curso al momento de entre a regir, seguirían siendo gobernados por el régimen jurídico precedente. Además, derogó, entre otras normativas, el Decreto Ley 01 de 1984. Por lo tanto, a los trámites, procesos, actuaciones, procedimiento, demandas y actuaciones iniciadas antes del 2 de julio de 2012 se les aplica, en estricto rigor,  el Decreto Ley 01 de 1984, desde un inicio y hasta su culminación, independientemente de la fecha en que ocurra esta última. 2. Para atender el pago de las condenas judiciales, las entidades deben efectuar los aportes de que trata el artículo 194 al Fondo de Contingencias creado por la ley 448 de 1998, antes de que la condena quede en firme. Este deber de aportar al fondo se impone a partir de la entrada en vigencia de la ley 1437 de 2011, de modo que no es posible pagar con cargo a este, una condena ocurrida con posterioridad al 12 de julio de 2012, pero cuya demanda haya sido interpuesta previamente, por cuanto la suma para el pago no está aprovisionada. Así, mientras se reglamenta y se realizan los aportes correspondientes al fondo, el pago de las sentencias condenatorias y conciliaciones debe ser atendido con cargo a los correspondientes rubros del presupuesto  asignado a las entidades estatales. 3. El trámite de pago de condenas judiciales o conciliaciones previsto en el artículo 192 de la ley 1437 de 2011, no constituye un procedimiento o actuación administrativa independiente o autónoma respecto al proceso o actuación judicial que dio lugar a su adopción. Se concreta en simple actos de cumplimiento o de ejecución de las sentencias condenatorias o las conciliaciones, de manera que no representan la culminación de una actuación administrativa, ni pueden por lo mismo tener un tratamiento separado de la causa que las origina. 4. En consecuencia, la naturaleza de la actuación de liquidación y pago de la sentencia o conciliación, no es el criterio que permita la aplicación de la ley 1437 de 2011, por cuanto hacer parte de la fase de ejecución de dichas providencias judiciales y de cumplimiento de la decisión contenidas en éstas con fuerza de cosa juzgada. 5. No obstante, la Ley 1437 de 2011 sí es aplicable para el reconocimiento y liquidación de los intereses de mora derivados del pago de las sentencias y conciliaciones debidamente aprobadas por la jurisdicción, cuyo cumplimiento corresponda a partir de su vigencia. En efecto, como se explicó, si la trasgresión de la obligación de pago de una suma de dinero impuesta a una entidad estatal en una sentencia o derivada de una conciliación que se produce en vigencia de una ley posterior que sanciona la conducta de manera diferente a como lo hacía otra anterior que regía al momento en que se interpuso la demanda o solicitud que dio lugar a la respectiva providencia que reconoce el crédito judicial, es aquella y no esta última la aplicable. Igualmente, si el incumplimiento de la referida obligación se inicia antes del tránsito de legislación y prolonga durante la vigencia de la nueva ley, la pena, esto es, el pago de intereses moratorios, deberá imponerse y liquidarse por separado lo correspondiente a una y otra ley. 6. Por consiguiente, a la luz de las reglas de las obligaciones y de la dinámica propia de la institución de la mora de las prestaciones, la Ley 1437 de 2011, en particular lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 195, en concordancia con el inciso segundo del artículo 192 ibídem, es aplicable en materia de reconocimiento y liquidación de intereses moratorios, a partir de la ejecución de la respectiva decisión judicial, a la tasa DTF o a la tasa comercial, según el periodo de la mora, cuando una entidad estatal debe dar cumplimiento a una sentencia o conciliación proferida con posterioridad a su entrada en vigencia (julio 2 de 2012) pero cuya demanda fue interpuesta con anterioridad a esta fecha (Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2184 del 29 de abril de 2014, exp. 11001-03-06-000-2013-00517-00  (2184) M.S. Dr. Álvaro Namén Vargas , levantamiento de reserva legal mediante oficio del 22 de julio de 2014 )”